Es una de las modalidades de contratación, que difiere de la licitación y está prevista para los siguientes contratos: menor cuantía, interadministrativos, arrendamiento o adquisición de inmuebles, prestación de servicios profesionales o ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Si el valor del contrato por celebrar está entre el 10% y el 100% de la menor cuantía (ver definición), debe hacerse una invitación pública para garantizar un número de plural de ofertas.

Proceso de selección de un contratista mediante convocatoria pública cuando el valor del contrato por celebrar está entre el 10% de la menor cuantía (ver definición de "menor cuantía").

Proceso de selección directa de un contratista en los eventos en que el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía (ver definición de "menor cuantía"), caso en el cual se toma como única consideración los precios del mercado.

Grado de satisfacción de la comunidad por los bienes y servicios que se les prestan.

​Es el poder jurídico de que está dotada la administración pública para investigar hechos que atenten contra la probidad administrativa en orden a identificar a los responsables y aplicarles la sanción que legalmente les corresponde.

Se entiende por control interno, el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planos, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad.

Estado en el cual una pluralidad de individuos diversos y diferentes se tratan entre sí en términos de reconocimiento, tolerancia e imparcialidad, pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y segura.

Es la facilidad de comunicación vía electrónica que permite enviar y recibir mensajes, archivos, confirmar citas y actualizar la agenda (comunicación correo -agenda electrónica); facilita el flujo de información dentro de la organización.

Egresos y cargos asociados con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios.​

El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, es la instancia que formula y orienta la Política de Racionalización de Trámites y el marco normativo para su implementación, con base en las directrices que sobre la materia expida el Gobierno Nacional; brinda asesoría a los organismos y entidades con el fin de facilitarles la optimización, simplificación, estandarización o supresión de los trámites; realiza seguimiento a los avances en el proceso de racionalización de trámites desarrollados en cada uno de los sectores y entidades de la Administración Pública. Igualmente, es la instancia gubernamental autorizada para aprobar los trámites y servicios que deben ser inscritos en el SUIT y la entidad que aprueba el procedimiento para establecer los nuevos trámites creados a partir de la expedición de la Ley 962 de 2005 y que estén soportados por ley.​